Buena parte de los 25.000 propietarios de inmuebles en Pamplona necesitan sus rentas del alquiler para vivir.
Las medidas adoptadas por el Gobierno para no dejar caer el alquiler, como siempre debatibles.
En general nadie suele tener toda la razón, suele haber miradas múltiples que responden a situaciones y sensibilidades distintas. Preferimos sea así y no se nos impongan sin que se pueda discutir, el partido único o la verdad absoluta son argumentos de otros tiempos.
Las críticas deben de ser un instrumento para construir, mejorar; y para ello, deben apoyarse en lo que de positivo tienen.
Las críticas como arma para destruir, para enfrentar y dividir en bloques a la ciudadanía: los que tienen la razón y los que no, los buenos y los malos… no compartimos y entendemos no nos ayudan avanzar, y más en momentos en los que resulta necesario sumar voluntades para afrontar con éxito el siete que nos está haciendo el “C19”
Debemos ser sensibles con el sufrimiento de los que por culpa del C19 pueden quedarse sin vivienda o se han visto obligados a cerrar sus negocios.
Prever e intentar en la medida de los posible que los inquilinos machacados por la pandemia no se queden en la calle es una causa que el estado del bienestar debe de proteger.
Los planteamientos neoliberales extremos tienen mal encaje para estas situaciones, el libre mercado no resuelve problemas como la pandemia (las mascarillas han multiplicado su precio), dejar al sector de la ciudadanía con menos recursos al albur de la caridad no es la solución adecuada para los que creemos que la declaración de Derechos Humanos fue un paso importante para la humanidad.
Estamos igualmente en contra de las soluciones que propugnan los “sindicatos de inquilinos” la moratoria general y la condonación de rentas.
En Pamplona hay más de 15.000 propietarios que posee uno o dos inmuebles que suelen provenir del ahorro suyo o del de sus antepasados. Muchos de estos propietarios basan sus ingresos para vivir o complementar su pensión en las rentas del alquiler de una vivienda o local.
Los microcréditos sin intereses ni comisiones, con aval del Estado para los inquilinos que no puedan pagar los alquileres. Préstamos finalistas que cubran un máximo de seis mensualidades y a devolver en seis años nos parecen una vía para resolver el problema. Pero del dicho al hecho hay un trecho y en la práctica ya estamos teniendo problemas.
Sin embargo, las vías de escape que deja el Gobierno para no pagar los alquileres, la paralización de los desahucios durante medio año, nos parece una medida peligrosa. Una medida que puede crear graves problemas a los ahorradores vulnerando gravemente el derecho constitucional de tutela efectiva.
Cargar los riesgos de una situación extraordinaria sobre una de las partes contratantes sería desnudar a un santo para vestir a otro.
No empujemos a los pequeños ahorradores a vender los inmuebles, circunstancia que podría reducir la oferta e incrementaría los precios del alquiler.
El mercado inmobiliario, en particular el de la vivienda, es muy sensible a las intervenciones del Gobierno de Madrid y el Gobierno Foral.
Eduardo Moreno
Gerente de Ekíser (Especialistas en el Inmueble)
