El dióxido de carbono es un gas presente en el planeta de manera natural, abundante y muy útil. Las plantas lo necesitan para hacer la fotosíntesis. Está presente en el aire que exhalamos y en numerosos compuestos orgánicos; está dentro de las bebidas gaseosas; se emplea como refrigerante: forma parte de los rayos láser o como agente de contraste en exámenes médicos, etc. Es indispensable para la vida.
Sin embargo, es un gas que, junto a otros como el metano, retiene el calor, contribuye a formar una capa en la atmósfera que impide su salida y aumenta la temperatura de la superficie de la Tierra, causando el cambio climático.
El CO2 forma parte de un ciclo que pasa por las capas de la atmósfera, el océano y la Tierra. Pero las acciones humanas, como la quema de combustibles fósiles, han provocado se acumule mucha más cantidad de este gas del que es posible eliminar naturalmente, dando pie al efecto invernadero.
El 35% de las emisiones de dióxido de carbono en España proceden de nuestras viviendas (casi el mismo porcentaje que las provenientes del transporte). Hasta el 1980, la legislación no obligaba a instalar aislamiento térmico en los edificios. Por ello, la eficiencia energética de estas viviendas deja mucho que desear, de tal manera que el 40% de lo que se gasta en calefacción/refrigeración se escapa por ventanas y fachadas mal aisladas.
Según el INE, en Pamplona hay 48.196 viviendas construidas antes del 1980 y que están mal aisladas (más del 50% del parque de viviendas de la ciudad). En el 2019, se batieron todos los récords en la rehabilitación en Navarra, se mejoró la eficiencia de unas 1.000 viviendas en Pamplona, muy por encima de la media estatal. No obstante, a ese ritmo necesitaríamos 50 años para adaptar nuestro parque residencial a las exigencias planteadas por la Unión Europea, muy lejos del el 2050 año señalado para que las viviendas no emitan gases de efecto invernadero.
Mejorar la eficiencia de los edificios reduciría el consumo de combustibles fósiles, ayudando a ahorrar la factura eléctrica de los hogares (unos 100 €). Pero además, como país nos reportaría importantes beneficios: las obras de rehabilitación reactivarían la economía diezmada por la C19, se generaría muchos puestos de trabajo, se mejoraría la balanza de pagos, seríamos menos dependientes de otros al comprar menos gasóleo y gas.
Optimizar la eficiencia compete a administraciones y ciudadanía. Si sumamos esfuerzos, podremos lograr el objetivo de emisión cero, las bases ya están planteadas por la UE, por el Gobierno de España y las administraciones públicas. Ya hay fondos europeos comprometidos para la rehabilitación. De los 72.000 millones que España recibirá de Bruselas, inicialmente el Gobierno ha destinado al Plan de Rehabilitación 3.420 millones entre ayudas y deducciones fiscales, once veces más que los recursos que actualmente se estaban destinando. Además, estos fondos se podrían multiplicar por cuatro, hasta 13.500 millones y generar casi 200.000 puestos de trabajo.
Los ciudadanos tenemos un aliciente muy potente para acogernos a estos planes: si combinamos las ayudas directas (subvenciones) e indirectas (deducciones fiscales recientemente aprobadas) en el promedio de edificio y hogares los costes de las obras de rehabilitación quedarían cubiertos en un 90% por los incentivos previstos. El ahorro energético exigido para liberar subvenciones será de al menos un 30%, el mínimo que establece Europa, se trata de un listón ‘poco exigente’ y fácilmente alcanzable. Pueden recibir ayudas los proyectos de mejora de envolventes: fachadas, cubiertas y carpinterías; de optimización de los sistemas de generación, distribución, de gestión electrónica de las lecturas de calefacción y agua caliente comunitarias; proyectos de sustitución de energía convencional por paneles fotovoltaicos; supresión total o parcial de barreras arquitectónicas.
Eduardo Moreno
Gerente de Ekíser
Las ayudas y subvenciones en Navarra para mejorar la eficiencia de los edificios
