Negar que la situación de muchas familias respecto a la vivienda es un problema social de primer orden, sería un ejercicio de hipocresía social.
Los sectores más desprotegidos son siempre los protagonistas involuntarios, por no tener unos mínimos ingresos para hacer frente a un alquiler o porque no pueden acceder a los programas de ayuda concedidos por el Gobierno foral. Sea como fuere, el problema está ahí y se va haciendo mayor día a día, aquí no vale el: “Vuelva Vd. Mañana”.
No es tema local, ni provincial ni tan siquiera autonómico. Y si bien es cierto que hay regiones, incluso barrios de una ciudad, donde las familias han conseguido paliar, siquiera temporalmente, el tener un techo donde vivir, hay otros lugares donde la verdad descarnada ronda por las aceras. Y no caigamos en la dejadez mental que “eso” pasa “lejos”, no neguemos los que nos rodea, aunque no nos guste y se nos atragante.
Pamplona ha sido, durante el año pasado, testigo de ocupaciones que casi siempre generan violencia y situaciones complicadas. La Ley de 2018 contempla un plazo de diez días para acreditar que la vivienda no se ha ocupado “por las bravas”, mediante la presentación de un contrato de alquiler que muchas veces se falsifica.
Porque surgen las tramas delictivas, los que “venden” ante la sociedad la imagen de extrema necesidad cuando lo suyo es delito claro y sin tapujos. Y mientras tanto, la vivienda sigue ocupada, esperando una resolución judicial o la visita de una empresa especializada que, habitualmente sin miramientos, pone en la calle a los ocupas. Los plazos se hacen eternos sin que a nadie parezca molestar el asunto, salvo a los legítimos propietarios.
No debemos tomarnos la justicia por nuestra mano, pero como las autoridades competentes no tomen con urgencia las riendas del tema, veremos cómo el problema va en aumento.
Esperemos que este 2020 no marque otro récord en nuestra ciudad, triste marca, de ver cómo aumentan las viviendas ocupadas.
